SANIDAD PÚBLICA. UN TESORO INFRAVALORADO Capitulo 7 Epilogo

En Noviembre del año pasado comenzó esta serie como consecuencia de que la charla que di en la Universidad Popular (1) . Lo complejo del tema exigió de mi parte la redacción de los seis artículos anteriores. Hoy, antes de parecer un misionero de lo público en temas tan sensibles para el ser humano como la educación, la salud y la asistencia al desvalido, lo que enmarca prácticamente todo el ciclo vital humano y nos hace ciudadanos en vez de siervos o clientes, quiero centrar este epílogo en la ética o bioética que subyace en el complejo Edificio Inmaterial de la Sanidad Pública.

A nadie se le escapa que toda gestión humana esta dirigida
por la ética. La de los trabajadores de la Salud por una Bioética, definida como una ética de la gestión responsable de la vida humana en el marco de los rápidos avances biomédicos (2), e igualmente no se le escapa que la responsabilidad de la cadena de gestión, desde el gerente al presidente del gobierno, pasando por un sinnúmero de políticos intermedios, está regido por una ética Político Social, que se atiene a una legalidad y ésta a una legitimidad política votada en las urnas para un poder legislativo.

Con este preámbulo, no se le escapará al lector que la cadena de responsabilidad no termina en el ministro de hacienda ni en ele presidente de gobierno. La toma de decisiones médicas están mediadas por un conjunto de influencias sociales que son las que demandan una atención, por cara que sea, en la hepatitis C, en los trasplantes de órganos, inseminación artificial y un sinnúmero de patologías cubiertas por un catalogo socialmente aceptado, lo que lleva los costes asistenciales a unos niveles que deben ser marcados por la sociedad en su conjunto, y  estando a la vez sujeta al imperio de las leyes, que protegen al individuo.

Esta demanda está modulada por la ética, y desde hace muchos años hay foros muy activos que evalúan las actuaciones médicas y su ajuste a normas bioéticas.

Por esto, a las decisiones políticas en ámbito de la gestión de lo publico, y en especial en la Sanidad, se les debe exigir por la ciudadanía que sean aplicadas después de haber sido evaluadas rigurosamente los riesgos y beneficios que causarán a la ciudadanía. Lo que lleva en medios académico jurídicos a pedir responsabilidades judiciales a los sujetos o entidades que puedan causar  perjuicios al bien común con las actuaciones que afecten a lo publico.

En la ética medica el principio “primun non nocere”, modula  cada uno de nuestros actos, y es motivo todos los años de múltiples demandas judiciales de pacientes que de un modo u otro se han visto afectados de una posible mala praxis. Del mismo modo este principio ancestral de la medicina, hay que aplicárselo a los  gestores y/o legisladores que tienen poder sobre las vidas de las personas. Es una rendición de cuentas que no estamos acostumbrados a ver en nuestro medio, pero que va siendo hora de que no solo se juzgue el saqueo de las cajas de ahorros, que al fin es solo dinero, sino las vidas perdidas por mala  praxis o maleficencia de la gestión encomendada.

La moderna bioética condena la maleficencia y de ella se pueden derivar responsabilidades judiciales.

Los diversos gobiernos autonómicos que han aprobado cambios en el modelo de salud publica, tendentes a privatizar partes del sistema, so pretextos de eficiencia y costes, incurren  a sabiendas en maleficencia. No voy a poner referencias, porque en internet hay suficientes indicadores de los hospitales americanos gestionados con animo de lucho o sin el (profit, non profit  hospitals).

Hay datos contrastados, en todos los paises, de que la disminución de los presupuestos sanitarios disminuyen la calidad y aumentan la mortalidad.

Los estadísticos dan cifras, los sanitarios vemos a las personas que fallecen por falta de medios. Y el principio de No maleficencia que ha sido conculcado, no se le demanda a los gestores que lo impusieron, y las cacareadas y evanescentes “responsabilidades políticas” que en nuestra democracia se esgrimen, no bastan para subsanar el daño causado, que en lo tocante a vidas es de imposible reparación.

Nuestro Código Penal sanciona las conductas de aquellas autoridades que con animo de lucro personal  y grave perjuicio para la causa publica, dieran una aplicación privada a los bienes pertenecientes a cualquier administración. Hoy hay que hacer hincapié una vez mas en la ética de la responsabilidad, en la ética delos fines , una ética del consenso social entre los trabajadores sanitarios, sociedades científicas, sindicatos y políticos y ciudadanos , que como usuarios y beneficiarios del sistema deben vigilar por la mejor asistencia posible con los recursos asignados, para mantener la bondad demostrada de un Edificio Inmaterial de la Sanidad Pública, conseguido con el esfuerzo de nuestros mayores, así como su equidad y su eficacia.  

En estas elecciones pasadas ha habido un atisbo de reacción ciudadana. Su responsabilidad ética va mas allá de depositar un voto de castigo, necesita comprometerse en que tipo de atención sanitaria quiere, cuanto le cuesta, si está dispuesta a pagarla, y que servicios hay que prestar a todos los ciudadanos. Ello exige de su parte conocer costes, evaluar beneficios, marcar prioridades y corresponsabilizarse de unos gastos sanitarios que en la lucha contra la enfermedad venimos realizando la humanidad como Sisifo, en un afán de aparente inmortalidad, que bien sabemos todas las mañanas que no existe pero seguimos subiendo la pesada piedra por la montaña.

En fin el ciudadano tendrá que intervenir en el dialogo interprofesional e interdisciplinar sobre el ser humano, su salud y su muerte, sobre los limites de las intervenciones médicas, sobre el valor de la vida (valor supremo, pero no absoluto), iatrogenia, medicalización de la salud y un largo etc de preguntas que dejan pequeño el enfoque mercantil y contable que hoy se hace por parte de ciertos círculos afines al poder.

(1)  http://www.universidadpopularc3c.es/index.php/programa-del-mes/details/1934
(2) Reich  W T , Kennedy Institute of Ethics Journal 5 , 19-34 1995

José Luis Rodríguez Eyre
Ex Jefe de Servicio de Medicina Nuclear
del Hospital Universitario de la Princesa
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