Recuperar los ayuntamientos

En abril de 2015 nos preparábamos los compañeros presentes en Ganemos Tres Cantos para afrontar un proceso electoral muy importante y decisivo para la historia y el rumbo de nuestra ciudad. En estas fechas, hace 2 años, ultimábamos el programa electoral y comenzábamos el contacto con los vecinos para explicar nuestro proyecto.

En nuestras mentes estaba presente, de manera constante, la idea del enfrentamiento ideológico que se produciría meses más tarde cuando la mayoría absoluta del Partido Popular se viera disputada. Una realidad que, por supuesto existe, ampliándose de facto al co-gobierno PP-C´s. Sin embargo, pudimos comprobar una vez ya en el Ayuntamiento, que no todas nuestras propuestas que se perdían lo hacían en un debate ideológico y una votación de los 21 concejales del Ayuntamiento. Gran parte de las veces, el proceso no llega tan lejos debido a las trabas burocráticas, administrativas o por la propia normativa vigente. Contratos blindados a largo plazo, cesiones de parcelas municipales a 75 años, pérdida de competencias en los Ayuntamientos por la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (“Ley Montoro”), etc. Incluso recordamos cómo la ley impidió que teniendo más votos nuestra candidata (10) frente a los del Partido Popular (9), la alcaldía se la llevara el PP (por no llegar a 11 votos que suponen la mayoría absoluta).

En definitiva, nos encontramos ante un sistema preparado para que se minimice el choque ideológico y se asuma el funcionamiento (del modelo) por inercia y por defecto gracias a la maquinaria burocrática y administrativa. Un sistema preparado para evitar que en un momento como el actual, el establishment se tambalee.

Una de las herramientas que puso el Partido Popular en marcha para evitar perder el control de los ayuntamientos fue la “Ley Montoro”, que supone la combinación del status quo y la continuidad de las políticas privatizadoras del PP. Esta ley intenta derivar todos los servicios públicos hacia las empresas privadas, hacia la mercantilización de los mismos. Prácticamente se obliga a los ayuntamientos a suprimir servicios o privatizarlos, ya que se pone a la administración local en un compromiso económico insalvable. Estas privatizaciones de la gestión de los servicios terminan por convertirse en la privatización misma del servicio y eventualmente no será accesible para toda la población.

Un caso particular de nuestro municipio lo encontramos con la piscina de Islas, privatizada en 2010, aun con los informes técnicos en contra. Como resultado: pérdidas de 40.000 litros diarios de agua, la empresa no pagaba al Ayuntamiento la parte correspondiente por explotación del negocio (canon) y acumuló deudas de hasta 260.000 €. La empresa privada ni siquiera cumplió con las condiciones firmadas con el Ayuntamiento, no contratando al número de trabajadores que se estipulaba. Se acabó demostrando la nefasta gestión y tuvo que acabar por remunicipalizarse en el 2012, siendo gestionada ahora por la EMS (empresa pública del Ayuntamiento).

Por contraposición, nosotros creemos que la administración debe garantizar los servicios básicos. La prestación de servicios públicos no es un capricho de los ayuntamientos, sino una obligación constitucional para la que los gobiernos municipales han sido elegidos. Para cumplir ese deber es imprescindible que las entidades locales cuenten con la autonomía necesaria y un sistema de financiación diferente.
Para poder seguir ofreciendo servicios públicos de calidad cercanos y seguir mejorándolos, es necesaria una mayor autonomía tributaria en los ayuntamientos que permita la descentralización de la financiación y de la gestión de los servicios. En este sentido hemos trabajado propuestas como flexibilizar las exenciones y los recargos del IBI, o la revisión del Impuesto a Actividades Económicas (IAE).

La administración local es la más cercana a los vecinos y debe ser la encargada de velar por nuestros intereses, no enfocando la solución a los problemas con la mercantilización de los servicios, sino como la defensa y mejora de estos servicios públicos.

Alex Matía

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